El Ayuntamiento de Calafell quiere acabar con la imagen de botellón en los fines de semana y periodos vacacionales. Son muchos los jóvenes que compran alcohol en supermercados y lo consumen en la playa y plazas.
Para intentar atajar la situación consistorio modificará la ordenanza de convivencia. La norma prohíbe la venta de alcohol a menores y su cumplimiento debe controlarlo la Policía Local. Sin embargo el Ayuntamiento quiere poner más difícil el acceso a la bebida.
Horarios
La nueva ordenanza fija horarios para los locales que abren las 24 horas. Si hasta hace un par de años en el municipio había uno ahora son una decena. El concejal de Vía Pública, Juan José García (PP), explica que los informes de la policía señalan que muchas botellas de alcohol se venden por la noche en estos establecimientos.
La normativa exige que en los locales de menos de 150 m2 a partir de las 20:00 h no podrá venderse alcohol. Y entre las 23.00 y la seis de la mañana deberán cerrar las puertas.
Vigilantes
Para los locales de mayor tamaño se establece el mismo horario. De momento para estos no hay prohibición de vender alcohol a partir de las ocho de la tarde ya que al ser de mayor superficie suelen tener personal de vigilancia que controla que los menores no puedan comprar.
El objetivo es que la norma pueda aplicarse de manera inmediata. Incluso sea efectiva esta Semana Santa. Es en esa época cuando comienza la temporada de los botellones, principalmente entre menores.
El botellón en la playa y en algunas plazas ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos y motivado intervenciones conjuntas de Policía Local y Mossos d’Esquadra, que han permitido aumentar el número de denuncias. Desde el Ayuntamiento se quiere erradicar la imagen de Calafell como destino de borrachera.
La medida busca también evitar desórdenes y ruidos en la calle. Con ello se cumple un mandato judicial para que el Ayuntamiento tome medidas para evitar molestias en la vía pública.
Fiscalía
La queja de una vecina de la calle Monturiol, donde se concentra la oferta de ocio nocturno motivó una denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento por presunto delito penal contra el Medio Ambiente.
Los concejales de gobierno de la pasada legislatura Josep Parera y Rafel Solé tuvieron que declarar ya que el fiscal consideró que como responsables de las área correspondientes no actuaron para evitar ruidos y desórdenes en la calle.
Depresión
La vecina, que ya no vive en Calafell, denunció hace más de una década esa situación y dijo que le ocasionaba depresión y estrés. La Fiscalía consideró que la situación de ruidos se mantenía hasta hace seis años, por lo que denunció a los concejales por no actuar para evitar el ruido en la calle. Los concejales explicaron que desde las advertencias del juzgado en 2007 se tomaron medidas.
El Fiscal de Medio Ambiente pidió que el juez de El Vendrell actuase por el ruido que hacen los grupos de jóvenes en la vía pública y que compete solucionarlo al Ayuntamiento.
La Ley obliga a los municipios a mantener el orden en las calles para la tranquilidad de los vecinos pero sin embargo no dice cómo debe hacerlo. Diferentes sentencias sí que señalan que esas concentraciones en la calle no responden al ejercicio del derecho fundamental de reunión porque entre otras exigiría de una comunicación a la autoridad gubernativa.
Con la Ley Seca horaria para los supermercados Calafell también busca frenar los botellones en la calle y que son generadores de ruido. El consumo de alcohol en la vía pública también provoca la queja de los propietarios de locales de ocio nocturno ya que señalan que muchos jóvenes llegan borrachos, lo que puede suponer un problema de desordenes y alteraciones de la tranquilidad en la calle.
Derecho fundamental
Derecho fundamental
Según la Ley, el que la denunciante del ruido en Calafell supiese que era una calle con una amplia oferta de ocio nocturno no la obliga a tener que aceptar la situación y puede denunciarlo.
Además, es un delito contra la intimidad ya que afecta a la privacidad y por tanto atenta contra un derecho fundamental de la persona denunciable por la vía penal.
SíndicUn informe del Síndic de Greuges de Catalunya destacó que «lo que no puede hacer la administración local es aparcar sus funciones y mostrarse inactiva por el hecho de considerar que la concentración de personas en determinados espacios públicos es la expresión del ejercicio del derecho fundamental de reunión».
El Síndic de Greuges señala que esas concentraciones son un «uso abusivo de la vía pública» y que entre las medidas que pueden tomar los municipios está la prohibición de vender alcohol en la vía pública.
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