dimarts, 3 d’abril del 2018

ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA DE LOS PENSIONISTAS CONTRA EL ESTADO



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda interpuesta contra el Estado por presunta vulneración del derecho a preservar el poder adquisitivo de los pensionistas al revalorizar sus pensiones por debajo del incremento del coste de la vida, ha informado el Colectivo Ronda.

La demanda había sido presentada en febrero por el Colectivo Ronda en representación del activista y portavoz de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, y con ella este movimiento pretende presionar al Gobierno para revertir la actual política de revalorización de las pensiones.

Presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos

En un comunicado, esta asesoría jurídica asegura que sólo el 5% de las demandas elevadas al Tribunal de Estrasburgo denunciando la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos son admitidas a trámite.

En la demanda se argumenta una presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos por parte del Estado español en relación al derecho a “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social” y por no garantizar la “suficiencia económica” de los pensionistas. Las pensiones en España están sujetas desde 2012 a una normativa que desvincula el incremento de las prestaciones que reciben los jubilados del IPC.

Pérdida de 670 euros de poder adquisitivo

La demanda de Domiciano Sandoval apunta a una presunta vulneración del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por el Gobierno, y del Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea, normas que pretenden garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Un estudio hecho público por UGT, y que cita el Colectivo Ronda, sostiene que los pensionistas españoles han perdido una media de 670 euros en términos de capacidad adquisitiva entre 2010 y 2017.

La desvinculación de las pensiones del IPC

El Gobierno del PP aprobó en noviembre de 2012 un real decreto ley, denominado de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introdujo la revalorización de las pensiones de jubilación con porcentajes inferiores al IPC y que tuvo un efecto retroactivo.

En 2013, el ejecutivo impulsó la Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones que ha desvinculado de manera definitiva las pensiones del IPC, con lo que la revalorización de las pensiones depende de diferentes variables que no implica la preservación del poder adquisitivo.

La demanda de Sandoval ante el Tribunal Europeo se produce después de haber agotado la vía judicial en España.

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